La Fiscalía denuncia a siete responsables de Metro por el caso del amianto

La Fiscalía denuncia a siete responsables de Metro por el caso del amianto

El ministerio público considera que actuaron con total "desprecio" a la salud de los trabajadores

La Fiscalía ha dado un paso al frente en el caso del amianto y ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia contra siete responsables del área de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de Metro. Según el ministerio público, los sospechosos ocultaron a los trabajadores que estaban manipulando piezas que contenían este material, no les entregaron los equipos de protección para "manipularlas con seguridad" y, por tanto, los expusieron a "gravísimas enfermedades". Esta iniciativa jurídica se toma solo tres días después de que la empresa de transportes cerrase temporalmente los andenes de la línea 10 en la parada de Tribunal al encontrar restos de este mineral.

"Crearon una situación de riesgo para los trabajadores a su servicio, a los que permitieron trabajar con MCA (amianto) —altamente peligroso para su vida y salud— careciendo de toda política preventiva", insiste la Fiscalía en su escrito, donde acusa a los siete responsables de delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Además, como recuerda el ministerio público, tras años de exposición prolongada a este mineral, dos empleados fallecieron y dos enfermaron. Y casi un millar han corrido un "riego" similar al haber realizado tareas en contacto con este.

El amianto contiene fibras que pueden liberarse al aire cuando se manipulan materiales que lo contienen. Estas pueden producir cáncer cuando se respiran durante largo tiempo o se está expuesto a altos niveles de ellas durante cortos periodos. "Debido a su peligrosidad, fue prohibido trabajar con amianto en numerosos países", insiste el ministerio público, que recuerda que España se encuentra entre ellos desde 2002.

La Policía Municipal de Madrid ya elaboró un informe donde señalaba que Metro sabía desde 1984 que debía tomar medidas para garantizar la seguridad de los empleados expuestos al amianto. Pero, según la Fiscalía, la empresa no comenzó a confeccionar un protocolo de actuación hasta 2018. "Por tanto, no existía una evaluación de riesgos que permitiera un trabajo en condiciones seguras", apostilla el documento del ministerio público, que considera que los siete responsables del área de Salud y Prevención de Riesgos Laborales actuaron con un desprecio "intolerable" a la seguridad de los trabajadores.

En ese sentido, incluso, la Fiscalía subraya que "no alcanza a comprender" cómo se permitió que los operarios trabajaran hasta 2017 con piezas con amianto, pese a que entre 2003 y 2006 se comenzaron a sustituir algunas de esta o empezaron a "encapsularse".

"Una denuncia coja"

"Esta denuncia es un paso importante para nosotros", ha valorado este lunes Juan Carlos de la Cruz, representante de Comisiones Obreras (CC OO) en la compañía. "Viene a corroborar nuestras denuncias y lo que salió en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid", ha apostillado el representante sindical, en referencia a las conclusiones del órgano constituido en el Parlamento regional, donde se resaltó que Metro conocía, al menos, desde 1991 la existencia de amianto en su red y sabía de los riesgos para la salud de los trabajadores que acarrea.

Este dictamen de la Cámara fue aprobado con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Por su parte, el PP trató de desprestigiarlo. Según el entonces presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ahora en las filas del partido de Albert Rivera, las conclusiones de estas comisiones "habitualmente están previamente escritas". "Creo honestamente que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde la Consejería de Transportes se ha trabajado en la buena dirección", se defendía Garrido en ese momento.

Por ello, "esta denuncia se me queda coja. No hace referencia a los responsables políticos que han pasado por Metro", continúa De la Cruz. "Porque todos somos conscientes de que los responsables de las áreas no toman decisiones sin que lo sepan más arriba", ha añadido. La empresa pública la gestiona la Comunidad de Madrid, que desde 1995 está gobernada por el Partido Popular.

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